Internet: ¿Protección de datos personales, industria lícita o libertad de expresión? (2)

Sin dudas hablar del derecho al olvido suena muy fuerte en un país como Argentina. Sin embargo, me limitaré a entender en su acepción relacionada con la protección de datos personales en el mundo de Internet. El derecho al olvido supone la posibilidad de cada individuo, titular de sus datos personales, de suprimir esa información personal pública pero a la vez obsoleta, incorrecta o que afecta el derecho a su intimidad, es decir, devolverle a la persona el control de la información sobre sí misma. Esta prolongación del remedio previsto por la reforma de la Constitución hace veinte años bajo el paraguas del Habeas Data, podría colisionar en Internet con el derecho de libertad de expresión y acceso a la información pública.

 

La discusión surge en el marco de la sentencia, este 13 de mayo, del Tribunal Supremo de la Unión Europea, frente a un caso presentado en España en contra de Google en el que se obliga a los buscadores de Internet a dar de baja informaciones publicadas, si se comprueba que dañan el derecho a la intimidad o carecen de relevancia. El caso surge a raíz del pedido de un español a que borren información donde figura como deudor por impago de impuestos en 1998. En este caso, se reconoce que los buscadores de Internet deben atender a los pedidos de los usuarios de borrar contenidos que los perjudiquen. Pero la discusión no está saldada al respecto de la tan mentada “responsabilidad de los intermediarios por los contenidos publicados por terceros”.

En Argentina, el jueves pasado y hoy hubo audiencias públicas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde distintos amigos del Tribunal -amicus curiae- y las partes involucradas fueron consultados y opinaron por el caso “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc s/ daños y perjuicios” de la modelo contra los principales buscadores en Internet. La modelo ha demandado por daños y perjuicios a Google y Yahoo por daño material por uso indebido de una imagen propia vinculada con sitios de contenido sexual y daño moral por violación del derecho a la intimidad.

Este caso llega a la Corte luego de que en primera instancia en lo Civil nº95, se dispusiera “la eliminación definitiva de las vinculaciones del nombre, imagen y fotografías de la modelo con sitios y actividades de contenido sexual, erótico y/o pornográfico a través de los buscadores de Google y Yahoo”. En segunda instancia, la Sala A sostuvo que la responsabilidad de las empresas que proporcionan el servicio de buscadores ha de considerarse a la luz del factor de atribución subjetivo y que "(n)o puede admitirse, entonces, en principio, un pedido genérico de detección y retiro de ciertos contenidos, cualquiera sea el sitio en el que se encuentren".

El debate es interesante. Los argumentos van más o menos así. Las empresas se defienden diciendo que son meros intermediarios y que no controlan la información que enlazaron de otros sitios. No serían creadores ni administradores de los sitios que contienen la información que le producen daño al que demanda, sino catalogadores de archivos –algo parecido a un bibliotecario digital-. No serían responsables o no habría responsabilidad objetiva, o en última instancia lo serían si fuesen avisados por el damnificado del carácter perjudicial de ese contenido y luego de demandada la baja –notice and take down-, estos no lo hicieran. Pero tampoco está clara esa responsabilidad y además se trataría de acciones extrajudiciales.

¿Qué dicen los usuarios? Si una persona, titular de un dato personal, tiene el derecho a borrar información personal que es incorrecta, excesiva o está tratada de manera ilegal o publicada sin el consentimiento de la persona, ¿por qué no puede pedir lo mismo en el caso de la información que circula en Internet? Más aun, si esa persona no fuese una persona pública o la información publicada no es de interés público, este contenido podría dejar de estar regido por el derecho de libertad de expresión y acceso a la información pública, y primaría el derecho de protección de datos de esa persona y lo que ella quiera hacer con esos datos. El gran enigma de esta posición es, nuevamente, por qué los intermediarios serían responsables.

El caso pone en evidencia una tensión entre dos derechos fundamentales como la necesidad de proteger el derecho de libertad de expresión en Internet en consonancia con la Ley 26.032 con el de velar por la intimidad de las personas que al no tratarse de personas públicas, no se encuentran sujetas al escrutinio de la ciudadanía. El dilema es grande pero quizás no tan difícil de saldar.

Por un lado, el derecho al olvido podría convertir a los intermediarios en censuradores previos antes que en un buscador neutral, restringiendo “por medios indirectos tales como el abuso de controles particulares aparatos usados en la difusión de información” (artículo 13.3 de la CADH), razón por la cual, es preferible no responsabilizarlos como intermediarios.

Por otro lado, y tal como se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el límite del derecho a la información es el derecho a la intimidad, el cual únicamente cede frente a la libertad de información, cuando se trate de una figura pública y se refiera a actos públicos de esta figura. Los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de la ciudadanía, deben mostrar mayor tolerancia a la crítica, lo cual implica de hecho una protección de la privacidad y de la reputación diferente que la que se otorga a un particular. Es necesario que la ciudadanía pueda tener un control completo y eficaz de la forma en que se conducen los asuntos públicos” (caso Herrera Ulloa vs Costa Rica), en este sentido, las personas que no están sujetas al escrutinio de la ciudadanía deberían tener su derecho a la intimidad protegido.

La responsabilidad de los intermediarios, la neutralidad de la red, la protección de datos personales y todo esto relacionado con las potenciales amenazas al derecho de libertad de expresión y acceso a la información pública son temas en la agenda y en hora buena que la Corte haya iniciado la discusión pública en alguna de estas temáticas como es el caso de las responsabilidad de los buscadores.

Amigos y amigas, ¿y ustedes qué opinan?

 

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