Voto electrónico para la Ciudad de Buenos Aires

Por eso es imprescindible cumplir con el mandato establecido en el Art. 69 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que señala que “una ley sancionada con mayoría de los dos tercios de los miembros de la Legislatura debe establecer el régimen electoral”. En este caso, esta nueva ley de Código Electoral deberá actualizarse para permitir la utilización de nuevas tecnologías. Así ocurre en la provincia de Buenos Aires que cuenta con una moderna legislación que permite el desarrollo y la aplicación de nuevos mecanismos de votación, incluyendo el voto electrónico.

Insisto en que el obstáculo más importante a vencer en este proceso de modernización es la voluntad política. Con lo cual, he decidido tomar la iniciativa de trabajar sobre un proyecto de ley de Código electoral.

Ausente en la agenda política

¿Por qué el voto electrónico es apenas una nota marginal en la agenda política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

Razones objetivas

El costo. El argumento del elevado costo de montar un sistema electrónico para llevar adelante una votación de este tipo sólo tiene relevancia si tomamos en cuenta un único acto eleccionario. Evidentemente, por muy onerosas que sean las boletas impresas y el armado del comicio tradicional, su precio es ostensiblemente menor que la infraestructura necesaria para una elección de voto electrónico. Pero esta miopía es injustificada. A diferencia de las boletas impresas que deben ser reimpresas cada vez que se presenta una oportunidad de elegir cargos electivos, cargos partidarios o consultas populares, las máquinas de VE tienen una vida útil considerablemente prolongadas y suficiente versatilidad como para adaptarse fácilmente a estos distintos escenarios. 

Razones subjetivas

La posibilidad de un megafraude. El apego a la cultura del papel y la necesidad de “manipular” las boletas es aún tan fuerte que pareciera difícil confiar nuestro voto a una máquina. Para algunos, planea la sombra del megafraude mediante la utilización de algún algoritmo que engorde los números de un candidato en desmedro de otro. Las fallas eléctricas, los virus y los sabotajes de hackers son también argumentos esgrimidos. Evidentemente todas estas cosas pueden ocurrir, pero no sin un costo político tan alto que resulta difícil imaginarlo. Estaríamos ante un plan orquestado en todos los niveles de ejecución y control.
Por otro lado, la inclusión de programas “abiertos”, con los códigos fuente a disposición del público especialista y la posibilidad de auditar desde distintos estamentos (partidos políticos, estado, empresas privadas u ONG) garantiza transparencia al acto eleccionario y confiabilidad al resultado obtenido.

Pensar que un sistema como el VE no puede aplicarse porque no estamos “preparados” o educados para su correcta utilización y que muchos ciudadanos sin acceso a tecnologías informáticas quedarían excluidos de su utilización, es un argumento políticamente incorrecto y peligroso.
La negativa a facilitar mecanismos de decisión amparados en argumentos de incapacidad es un típico argumento totalitario, usado por muchos gobiernos argentinos a lo largo de nuestra historia. Si realmente existen problemas de adecuación de los ciudadanos al sistema de VE la solución no es postergar el sistema, sino acelerar la capacitación.
La barrera cultural existe en la medida en que nos propongamos mantenerla.

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