Lejos de México, cerca de Venezuela.

 

El acuerdo al que la Nación y las provincias petroleras llegaron sobre la reforma de la ley de hidrocarburos protege más los intereses de las empresas que los intereses del país. Y toma distancia de las reformas impulsadas por Colombia, México y Brasil que, a diferencia del modelo venezolano, promueven más competencia en el sector y le dan institucionalidad al uso de los recursos que surgen de la renta petrolera.
En los últimos días, y luego de 3 meses de negociación, la Nación y las provincias petroleras llegaron a un acuerdo sobre la reforma de la ley de hidrocarburos. El comunicado emitido al cierre del acuerdo enunciaba: “El Poder Ejecutivo trabajó junto a los gobernadores y logró la redacción de un proyecto que contemple los intereses y derechos de todos los actores del sector”. ¿Es esto sinónimo de contemplar los intereses y derechos del país? El proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo parece más bien orientado a salvaguardar los intereses de las empresas que ya están operando en el país, a resolver las necesidades fiscales inmediatas de las provincias, y a lograr un blindaje legal para el gobierno nacional e YPF. En realidad, pensar el país en su conjunto y no sólo en el corto, sino también en el mediano y largo plazo, exige la elaboración de una base regulatoria homogénea en materia ambiental, el tratamiento institucional del uso de la renta petrolera y la introducción de más competencia y transparencia en todas las actividades de la cadena. La experiencia de los últimos años en América Latina muestra que, a mayor discrecionalidad, como en los casos de PEMEX mientras fue monopolio y PDVSA en todo el período, peores son los resultados. Cabe preguntarse, además, si la nueva norma, que no es una ley de hidrocarburos sino una reforma más a la ley 17.319 (vigente desde 1967), alcanza para encarar un cambio hacia una explotación eficiente y sustentable, o es tan sólo “una capa geológica más” del ya complejo entramado normativo.
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