Democratización de la Justicia

La Justicia amenazada

 

Comparto con ustedes mi discurso durante la sesión de ayer en que se aprobaron graves reformas al Consejo de la Magistratura.

“Esta es una reforma constitucional encubierta que destruye la división de poderes y la independencia de la Justicia. Le otorga la suma del poder público al Poder Ejecutivo para  garantizarle impunidad.” 

 

 

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Senadora Estenssoro: tiene usted la palabra.

 

Sra. Estenssoro – Señora presidenta: quiero adelantar que voy a votar en contra del presente proyecto de ley y de los restantes proyectos enviados por el Poder Ejecutivo el martes pasado a esta Cámara a fin de ser tratados, como ya se dijo, de manera muy urgente, sin debate real en comisión y de espaldas a la sociedad, ya que sus distintos estamentos no han tenido tiempo de expedirse y reflexionar sobre una supuesta reforma judicial de gran envergadura. Además, voy a votar en contra de este paquete –eso es lo que es, más allá de cada uno de los elementos– porque para mí encierra una reforma constitucional encubierta o implícita.

 

Como el gobierno no puede reformar la Constitución, porque no tiene los dos tercios de los votos necesarios ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, ha encontrado este atajo. En primer lugar, como ya se dijo, vamos a reemplazar el artículo 1° de la Constitución, lo vamos a violar, ya que estamos modificando el sistema representativo y republicano de nuestra Constitución, dado que este se basa en la independencia del Poder Judicial, en la división de poderes y en el control de unos poderes a otros, lo que se va a modificar sustantivamente. En segundo lugar, también se viola el artículo 114 de la Constitución –se lo sustituye por otro–, se cambia de régimen porque, justamente, ese artículo –que creó el Consejo de la Magistratura en 1994– quería subsanar una debilidad de nuestro Poder Judicial, una debilidad histórica de ser dependiente, estar demasiado controlado o ser débil frente al poder político y, obviamente, frente al poder de facto de los gobiernos militares, pero también de los gobiernos elegidos democráticamente.

 

Por eso, en 1994 se decidió introducir este instrumento, crear este organismo, para que haya una selección más transparente, meritocrática, y que le dé mayor legitimidad e independencia al Poder Judicial, tanto para su elección como para su remoción. Acá, con esta elección, se modifica completamente ese equilibrio y el 70 por ciento de los consejeros va a depender y va a estar en la boleta del partido de la mayoría. O sea que el Consejo de la Magistratura, más que velar por la transparencia, idoneidad e independencia del Poder Judicial, va a ser una comisaría política o un tribunal popular que va a estar ahí para controlar a los jueces y sus sentencias que cuando no agraden al Poder Ejecutivo podrán ser removidos fácilmente por simple mayoría. Así que este es un cambio de sistema político muy grave. Además, se viola el artículo 29 de la Constitución, lo que me parece gravísimo.

No sé si los legisladores del oficialismo… Ya he escuchado decir muchas veces al senador Pichetto que él no conduce un bloque de libre pensadores, sino que ahí votan y él ha votado con los gobiernos menemista, el de Duhalde y este lo que manda el Poder Ejecutivo con una suerte de obediencia debida y ciega, que a mí me alarma. En verdad, me alarma que estemos cumpliendo 30 años de democracia y que tengamos legisladores que digan esto y que después se arrepienten de lo que votaron. Pero ellos tienen que responder y alinearse con obediencia ciega, incluso, ante proyectos como este del Consejo de la Magistratura que para mí representa una abierta violación del artículo 29 de nuestra Constitución y que  conforma el delito de traición a la Patria.

 

Voy a dar lectura a ese artículo porque me parece muy bien que sepamos qué es lo que estamos haciendo. El artículo 29 dice así: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria. Según distintos constitucionalistas, lo que quería evitar este artículo es que esta tradición presidencialista autoritaria terminara o desembocara en tiranías o dictaduras legales.

 

Con la reforma de 1994 se introduce también el artículo 36 de defensa del sistema democrático, donde también se establece el delito de traición a la Patria a quienes se alzaran contra el orden constitucional. Dice así: Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático…. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29…. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución…, etcétera. Y este artículo de defensa de la democracia asocia…; por eso digo que no solamente está hablando de levantamientos militares o de golpes de Estado, sino de actos que violaran la Constitución y que atentaran contra el sistema republicano, representativo y federal, y también este artículo dice que ―Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

 

O sea que la corrupción también es un atentado contra la democracia. El fin último de esta reforma judicial, para mí y para la Coalición Cívica ARI, es justamente garantizar la total impunidad de este gobierno, del gobierno kirchnerista. Hay una relación muy cercana entre este control hegemónico del poder político, del desmantelamiento del debate y la discusión en el Congreso de la Nación, y ahora el sometimiento del Poder Judicial para tener un sistema donde además de la concentración del poder político este régimen ha demostrado en diez años la concentración del poder económico.

 

Las denuncias que ha hecho Lanata y que también toman denuncias que ya hacía la doctora Carrió a partir del año 2008 –en ese mismo sentido, la presidenta del ARI en Santa Cruz hizo este lunes una denuncia ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a cargo de la jueza Ana Cecilia Álvarez por el presunto delito de asociación ilícita, lavado de dinero, mal desempeño de deberes de funcionario público contra Daniel Peralta, funcionarios nacionales y provinciales, Lázaro Antonio Báez, Martín Báez, Leandro Báez, Leonardo Fariña y el señor Pérez Gadín–…, lo que quieren esas denuncias es que se investigue esta estructura donde hay una corporación política y una corporación económica que no están en veredas enfrentadas.

 

Acá me gustaría señalar, porque siempre se dice que estas acusaciones y las leyes de medios y ahora esta ley del Poder Judicial son para luchar contra las corporaciones que tienen impunidad y privilegios judiciales. Pero, en realidad, en este sistema argentino que se ha ido agravando década tras década hay un maridaje, una connivencia, una identidad total entre la corporación política que da impunidad legal y política a los negocios, los negociados, los gobernantes y los contratistas del Estado, los amigos del poder, las corporaciones políticas.

 

El caso más emblemático es esta catedral de la corrupción kirchnerista en que se ha convertido el Madero Center, un edificio al que yo no he ido pero que se ha convertido en un símbolo. Ahí funcionan la supuesta financiera de Lázaro Báez, desde donde se giraron 55 millones de euros a cuentas secretas en Suiza y ahora la corrupción es tan grande que la plata se pesa por kilo, la financiera SGI; ahí vive el vicepresidente de la Nación Amado Boudou que está procesado por actividades incompatibles con su función; ahí también vive Cristóbal López, quien tiene el monopolio del juego, el zar del juego, la gran corporación del juego… No sé si a usted no le preocupa, senador, la gran corporación, el zar del juego, el que tiene el monopolio del juego, una actividad que sirve para el lavado de dinero, para ocultar el dinero del narcotráfico y la corrupción política, que ahora es además uno de los grandes beneficiados con la publicidad oficial y con las concesiones petroleras.

Ahí también vive el banquero del gobierno Jorge Brito; y ahí también tiene varios departamentos la propia presidenta Cristina Kirchner. No sé si Manzano, Eurnekián, Moneta, muchos de esos empresarios que antes eran menemistas y ahora son kirchneristas…; este entramado de corporación política que garantiza impunidad y comparte negocios con las corporaciones económicas, parece que todos se dan cita en ese lugar. Lo que quiero decir es que lo que busca este proyecto de ley…; y me sorprende que los revolucionarios crean que quienes se han enriquecido brutalmente, como nuestra presidenta –que pasó en pocos años de 7 millones de pesos a 70–, crean que están haciendo una revolución socialista para beneficiar a los más pobres. Esto no tiene ningún tipo de ropaje y lo que se busca con esta ley, justamente, es garantizar la impunidad de los funcionarios políticos que debieran estar dando respuestas ante la Justicia y de sus socios de las corporaciones económicas.

Para que sepamos que quien conduce y da esta cobertura política e impide que los funcionarios acusados de corrupción terminen en la cárcel y sean destituidos de sus cargos, el mejor ejemplo es el caso del senador Carlos Menem, a quien vemos poco. Nosotros, con el senador Giustiniani, hemos pedido…

 

 

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Gracias, senadora. Ya terminó su tiempo.

Sra. Estenssoro. – Desde hace un mes, hemos pedido que la Comisión de Asuntos Constitucionales considere la exclusión del senador Menem, que hace dieciocho años…

Sra. Estenssoro. – ...el tráfico de armas a Ecuador…

 

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Le cortan el micrófono, por favor. Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.

 

– La señora senadora Estenssoro continúa haciendo uso de la palabra fuera de micrófono

 

 

Comparto con ustedes la exposición de la senadora Norma Morandini (FAP)
http://www.normamorandini.com.ar/?p=5696

 

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